El lunes 10 de Julio, organizaciones de DDHH se manifestaron en las embajadas de los EE.UU de todo el mundo exigiendo la libertad de Simón Trinidad, comandante de las FARC-EP, quien se encuentra detenido en una prisión de máxima seguridad en los EE.UU desde su extradición en 2004 y la amnistía para miles de prisioneros políticos detenidos ilegalmente en Colombia.

Las tres organizaciones principales, la Alianza por la Justicia Global, con base en Tucson, Arizona; el Observatorio de Derechos Humanos del Pueblo con base en Oaxaca, México; y la Coordinadora Americana de Derechos Humanos, encabezaron la manifestación con el apoyo de diversos organismos de DD.HH de Colombia.

Coordinaron acciones simultáneas en las embajadas norteamericanas de diversos países como Suiza, España, México, Chile, Uruguay, Argentina y los EE.UU, bajo la premisa de que el fracaso del Gobierno colombiano de liberar a los presos políticos obstruye el proceso de paz.

Suiza

Las FARC-EP completaron su desarme el 27 de Junio y, de ese modo, cumplieron su principal obligación del acuerdo de paz ratificado en la Habana en Noviembre del año pasado. En cambio, el Gobierno colombiano todavía no ha cumplido con las obligaciones que surgen del acuerdo de paz. Al día de la fecha el gobierno debería haber otorgado amnistías a 2.568 prisioneros políticos que están cautivos; pero sólo se la otorgaron a 832.

En respuesta a las omisiones del gobierno, el 26 de Junio 19 cárceles de diferentes partes del país comenzaron una huelga de hambre para presionar al gobierno para que cumpla lo prometido. Después de 16 días, 1486 presos se unieron a la huelga, muchos de los cuales se cocieron sus labios para demostrar su compromiso.

Chile

Chucho Nariño, un ex guerrillero y líder de la huelga, manifestó que “después de 15 días de huelga de hambre, el gobierno no ha respondido a ninguna de las demandas de liberación de prisioneros que fue acordada en el proceso de paz”.

Las manifestaciones ocurridas el pasado lunes se dieron en solidaridad con las huelgas de hambre, así como un llamado de atención a la falta de acción del gobierno colombiano en otras promesas realizadas en el marco de los acuerdos. Además de estos incumplimientos, el gobierno colombiano ha sido renuente a proveer servicios básicos a las Zonas de Transición construidas para las FARC-EP, las cuales carecen de servicios de salud, agua potable, educación, electricidad e Internet.

El Mecanismo para el Monitoreo y Verificación, un grupo organizado por la ONU para auditar el cumplimiento del acuerdo por parte de las dos partes, confirmó que, mientras que las FARC-EP cumplieron con sus obligaciones en tiempo y forma, el gobierno sólo cumplió con su promesa de entregar materiales de construcción para las viviendas de las Zonas de Transición.

Mexico

Se han creado un Tribunal Especial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para examinar los casos de los prisioneros políticos que pueden ser puestos en libertad bajo la Ley 1820, también llamada la ley de amnistía. Sin embargo, fiscales conservadores han enviado un número de casos a los cortes regulares de Colombia, retardando el proceso de liberar a los prisioneros y debilitando a la capacidad de la JEP para servir como un mecanismo de justicia.

No se ha castigado a nadie por estas acciones porque solo el gobierno colombiano supervisa a este proceso. En lugar de una comisión tripartita compuesta de representantes de la ONU, el gobierno colombiano y las FARC-EP (el estándar de verificación en otros partes de los acuerdos), aquellos cortes son vigilados por magistrados elegidos por el gobierno mismo, permitiendo que el abuso de poder estatal no sea comprobado.

“Este es el sistema de justicia del enemigo,” dice Carlos Leones Garcias, miembro de las FARC-EP encarcelado los últimos dieciséis años. “Somos víctimas del estado. No digo esto como una posición política, sino como nuestra posición según los acuerdos.”

El proceso alargado de implementación no solamente perjudica a los derechos de los prisioneros, sino también el poder las FARC-EP convertirse en partido político legal. “Cómo podemos construir una partido cuando tantos faltan” lamenta Jesús Santrich, un comandante central de las FARC-EP.

Colombia

Protestantes intentaron atraer atención al fallecimiento de estos elementos cruciales del proceso de paz, y entregaron una carta pública a las embajadas que exige la libertad para todos presos políticos: “No existe razón alguna para mantener encarceladas y encarcelados a miles de presos políticos, especialmente a quienes se encuentran cobijados por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, quienes en cumplimiento de lo pactado y de la Ley 1820 debieron ser liberados desde el 31 de diciembre de 2016.”

Se la dirigieron al estado colombiano y al Papa, y la firmaron miembros de 455 grupos de DDHH, incluso a Adolfo Pérez Esquivel, recipiente del premio Nobel de la paz.

Manifestantes publicaron otra carta además que contiene cuatros demandas centrales: la liberación inmediata de Simón Trinidad y Anayibe Rojas Valderrama; amnistía inmediata para todos los prisioneros políticos en Colombia; el fin de extradiciones de Colombia a los EE.UU; y el fin de la influencia del gobierno estadounidense en el sistema carcelario colombiano.

Después de que las acciones hubieran cesado, Presidente Santos publicó un decreto presidencial que concedía amnistía a 3,600 miembros de las FARC en todas las 26 zonas transicionales. Sin embargo, el decreto solamente aplica a los ex-guerrilleros que ya están en las zonas, así ignora a los 3,406 miembros de las FARC todavía aprisionados.

Adentro de las prisiones el gobierno no hace la huelga más fácil. Según Nariño, “Los presos no reciben atención médica hasta que se desmayan.” Muchos de los presos tienen condiciones médicas preexistentes por las que se les está negando la atención, como hipertensión, problemas gastrointestinales y consecuencias de malas cirugugías, por nombrar unos pocos.

A pesar de las dificultades y enfrentando a un gobierno no cooperativo, la resolución de los prisioneros queda inquebrantable. Octavio Rolando Acevedo, un ex-prisionero político, se ha juntado con la huelga de hambre en solidaridad con ellos que quedan encarcelados: “Estamos completamente comprometidos a esta acción, y estamos preparados para las consecuencias, sin importar el precio.”

“Nuestro mayor miedo es que tendremos que quitar nuestros compañeros muertos de las cárceles,” añade Santrich. “Pero la huelga es más de lo que está en el papel, se trata de tomar medidas. Los acuerdos se completan con acciones.”

Fuente; https://laplenacaribe.wordpress.com/2017/07/14/manifestaciones-internacionales-exigen-libertad-para-los-presos-politicos/