Del 20 al 25 de junio pasado tuve la oportunidad de participar en una Misión de Derechos Humanos a Colombia organizada por la Fundación Lazos de Dignidad y la Coordinadora Americana de los Derechos de los Pueblos.

Dentro de las actividades que realizamos estuvo la visita a los prisioneros políticos del pabellón N°6 de la cárcel de Chiquinquirá los que hoy, cuando escribo estas líneas, se encuentran realizando en huelga de hambre, junto a más de 1500 prisioneros políticos movilizados en distintas cárceles de Colombia. Ellos demandan que se cumpla la Ley 1820 o Ley de Amnistía e Indulto. Esta ley les permitiría volver a ser libres. Sin embargo, los jueces de aplicación de penas arbitrariamente, por odio, venganza, no la quieren aplicar.

Los prisioneros políticos son miembros de las FARC-EP organización que firmó los Acuerdos de Paz con el gobierno colombiano y que en junio pasado entregaron a la ONU sus últimas armas. Hoy la única arma que quieren tener es la palabra.

Es necesario decir que las FARC-EP quieren transformarse en un movimiento o partido político legal y desde ahí van a seguir luchando por una Colombia con mayor justicia social.

Visitamos las Zonas Veredales “Mariana Páez” y “Simón Trinidad” ubicado en Buenavista, del municipio de Mesetas, departamento del Meta, en la montañas colombianas.

En el primer lugar, están los guerrilleros y en el segundo, un grupo de prisioneros políticos los que han sido traído a este lugar en cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Ambas Zonas están en proceso y en transición hacia la normalización definitiva.

Quiero recordar también que nos reunimos con Cristian Delgado, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, quien nos dijo que “a raíz de los diálogos de paz y la firma del acuerdo final, entre el gobierno nacional y las FARC-EP, ha habido una disminución de la violaciones a los derechos humanos en relación al conflicto”. Sin embargo, nos expresó que “se siguen registrando asesinatos a líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos”.

Un día antes de esta reunión, habían asesinado al sindicalista Mauricio Vélez López en el Cauca, Colombia, y lo que va de este año más de  63 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados. Dijo también, que desde la fundación de Marcha Patriótica, desde el año 2012 a la fecha, han asesinado a 136 de sus compañeros.

También nos señaló que el conflicto dejó más de 7 millones de desplazados internos de acuerdo a cifras de ACNUR.

Recordemos también que el Informe “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad” señaló que el conflicto armado dejó en Colombia al menos 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas en el periodo comprendido entre 1958 y 2012. El 82 % de las víctimas fueron civiles.

La Escuela de las Américas

No es la primera vez que visitamos Colombia. 10 años atrás, el 2007 junto a Lisa Sullivan, Linda Panneta y Roy Bourgeois estuvimos en este país que históricamente ha sido el número uno en enviar más soldados a la Escuela de las Américas y donde más violaciones a los derechos humanos se cometen en nuestro continente.

Ese año nos intentamos reunir con el entonces Ministro de Defensa, el ahora Presidente Juan Manuel Santos, para pedirle que dejara de enviar soldados a la Escuela de las Américas. No nos recibió.

Un informe de FOR titulado “Falsos positivos en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos 2000 – 2010” encontró una correlación positiva entre las unidades y oficiales que recibieron asistencia y capacitación Estadounidense, y las ejecuciones extrajudiciales cometidas.

Fueron miles las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, antes de los inicios de los diálogos de paz, los mal llamados “falsos positivos” donde civiles eran asesinados y luego pasados por guerrilleros “muertos en combate”.

No puedo dejar de recordar los testimonios que escuchamos entonces de los integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Entre ellos, el de Iván Cepeda que relató que su padre Manuel había sido asesinado en 1994 y que miles de militantes de Unión Patriótica (UP) fueron exterminados en el periodo de los diálogos de paz del gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP.

Esperamos hoy que esa historia no se vuelva a repetir y que el gobierno colombiano asegure el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la seguridad de quienes deponen las armas para pasar a la lucha política.

Es hora de liberar a los prisioneros políticos en Colombia y darle una oportunidad a la paz.

En solidaridad,

Pablo Ruiz, SOAWatch

Colombia: In Solidarity With Political Prisoners

This past June 20 to 25, I had the opportunity to participate in a Human Rights Mission to Colombia organized by Fundación Lazos de Dignidad and the Coordination for Human Rights in the Americas.

Among the activities we carried out was the visit to political prisoners of the Sixth Pavilion in the Chiquinquirá prison, whom today are staging a hunger strike, alongside over 1,500 organized political prisoners in different jails throughout Colombia. They demand the fulfillment of Law 1820, or the Amnesty and Pardon Law. This law will allow them to be free again. However, the judges arbitrarily, by hate and revenge, refuse to apply the law.

The political prisoners are members of the FARC-EP that signed the Peace Accords with the Colombian government, whom last June handed in the the UN their remaining arms. Today, the only arm they wish to hold onto is their word. It is necessary to say that the FARC-EP wants to transform itself into a movement or legal political group, and from there it will continue to fight for a more just Colombia.

We visited the “Mariana Páez” and “Simón Trinidad” Concentration Zones located in Buenavista, of the Mesetas Municipality, in the Meta department located in the Colombian mountains. On one side there are the guerrillas, and on the other, a group of political prisoners that have been brought to this place in compliance with the Peace Accords. Both Concentration Zones are in the process and transition towards a definitive standardization.

I remember that we met with Cristian Delgado, member of the Human Rights Commission of Marcha Patriotica, who told us that “as a result of the peace talks and the signing of the final agreement between the national government and the FARC-EP, there has been a decrease in human rights violations in relation to the conflict”. Nevertheless, he expressed that “killings of social leaders and human rights defenders continue”.

One day before this meeting, union leader Mauricio Vélez López had been murdered in Cauca, Colombia, and so far this year more than 63 human rights defenders have been murdered. Cristian also told us that since its founding in 2012 to the present, 136 members of Marcha Patriótica have been murdered. He also pointed out that the conflict left more than 7 million internally displaced persons according to UNHCR figures.

Let us also remember that the report “¡Basta ya! Colombia: Memories of War and Dignity” points out that the armed conflict left at least 220,000 people killed and 25,000 disappeared in the period between 1958 and 2012. 82% of the victims were civilians.

The School of the Americas

This is not the first time we visited Colombia. 10 years ago, in 2007, alongside Lisa Sullivan, Linda Panneta and Roy Bourgeois, we were in this country that has historically been the country to send more soldiers to the School of the Americas than any other country –  a country that has committed the highest number of human rights violations on our continent. That year we tried to meet with the then Minister of Defense, the current president of Colombia, Juan Manuel Santos, to ask him to stop sending soldiers to the School of the Americas. We were not received.

A FOR report entitled “The Rise and Fall of False Positive Killings in Colombia: The Role of U.S. Military Assistance, 2000-2010” found a positive correlation between units and officers that received U.S. assistance and training, and the commission of extrajudicial killings. There were thousands of extrajudicial executions in Colombia before the beginning of the peace talks, including so-called «false positives» where civilians were killed, dressed in guerrilla uniforms and later declared «combat kills».

I cannot forget the testimonies we heard then from members of the Colombia National Victims Movement. Among them, the testimony of Iván Cepeda who reported that his father Manuel had been killed in 1994 and that thousands of members of the Patriotic Union (UP) were exterminated during the peace talks between the government of Belisario Betancur and the FARC-EP.

We hope today that this story will not be repeated and that the Colombian government will ensure compliance with the Peace Accords and the safety of those who lay down their arms to move on towards a political struggle. It is time to free political prisoners in Colombia and give peace a chance.