Presentan Carta en Paraguay por la Paz y por la Libertad en Colombia

Este viernes a la tarde, una delegación del Partido Comunista y de la Juventud Comunista Paraguaya, fue hasta la Embajada de Colombia en Paraguay para presentar una nota en reclamo por la libertad de Jesús Santrich, delegado de las FARC en los diálogos de paz hoy preso político producto de un nuevo montaje judicial que viola los acuerdos de La Habana. Jesus Santrich lleva 18 días en huelga de hambre.#SatrichLibre

POR LA DEFENSA DE LA PAZ Y LA LIBERTAD EN COLOMBIA

Embajador, Javier Alberto Flórez Aristizábal

Embajada de Colombia en Paraguay 

Tras seis años de iniciadas las negociaciones de paz con las FARC EP, y luego de un año y medio de haber firmado el Acuerdo Final, nos encontramos en una crítica situación de incumplimientos sistemáticos de las responsabilidades que el Estado asumió con el pueblo colombiano y con el actual partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC -.

Llamamos la atención sobre los recientes hechos en los cuales fue capturado Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, vocero de paz en la Mesa de Diálogos de La Habana y elegido como Representante a la Cámara en el Congreso de la República para el próximo período, quien fuera detenido de forma irregular e ilegal el día 9 de abril de 2018 por acción de la Fiscalía General de la Nación y a solicitud de Estados Unidos sin proceso previo en Colombia en la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP -, instancia designada con el propósito de investigar a ex guerrilleros y guerrilleras y las acciones acontecidas en el marco del conflicto en Colombia. Según explicita el Art. 19 transitorio del Acto Legislativo “para la Paz” 01/2017 es la JEP quien tendrá la competencia en las denuncias hechas contra miembros de la ahora FARC y no la justicia ordinaria, que actuando unilateralmente y en subordinación a una orden exterior tramitada por la DEA, allana el domicilio de Jesús Santrich y le detiene en un trámite de celeridad extraordinaria.

La retención ilegal de Jesús Santrich y la orden de extradición en su contra evidencian tres cosas: la violación al debido proceso al pasar por encima de la Jurisdicción Especial de Paz (instancia judicial creada para investigar y juzgar estos casos), una clara violación de la soberanía jurídica del país por seguir pretendiendo que los ciudadanos y ciudadanas colombianas sean juzgados y encarcelados con leyes y tribunales extranjeros, y la persecución política al partido FARC y su miembros.

Por otro lado, afirmamos que son totalmente falaces las declaraciones del vicepresidente Oscar Naranjo quien desde España dijo que la implementación de los acuerdos ha sido cumplida por el gobierno y la institucionalidad basado en unas cifras parciales. Frente a lo anterior hay que decir que apenas un tercio de las leyes para la implementación llevadas al Congreso durante 2017 para sancionarse mediante el procedimiento de Fast Track fueron concretadas y todas ellas tuvieron sensibles modificaciones sobre lo firmado en el Acuerdo Final. Tan solo el 20% de los compromisos asumidos por el gobierno como cabeza del Estado Colombiano han sido adelantados generando inestabilidad jurídica, económica, política y poniendo en riesgo la vida y la dignidad de las y los excombatientes, de sus familiares y de cientos de líderes y lideresas sociales a lo largo y ancho del país. En los dos últimos años más de 300 personas pertenecientes a los Movimientos Sociales han sido asesinadas, así como 55 ex combatientes y 13 de sus familiares han caído a manos de los grupos paramilitares, provocando la salida de muchos otros hombres y mujeres de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y su posterior desplazamiento a otras zonas del país o del exterior para proteger sus vidas. Todos hechos que han estado en la total impunidad y de los cuales hay un sospechoso silencio por parte del Gobierno, la Fiscalía General y los partidos políticos tradicionales.

Frente a los proyectos productivos, varios de ellos tuvieron que ser abandonados pues los militantes de FARC que estaban desarrollándolos sufrieron amenazas y hostigamientos por grupos armados con la aquiescencia del Ejército y la Policía Nacional, mientras que otros ni siquiera pudieron ser iniciados por las mismas razones.

Se nota un doble rasero en los representantes del Estado que contradice los compromisos asumidos con los actos efectuados, ya que por un lado hablan acerca de los derechos de las víctimas, mientras que por el otro les niegan el derecho a ser representadas en el Congreso de la República al haberles quitado las 16 Circunscripciones Especiales de Paz nacidas del Acuerdo  en La Habana.

Frente a todo lo anterior exigimos:

  1. Un verdadero cumplimiento de los Acuerdos de Paz por parte del Gobierno y las instituciones de Colombia.
  2. Que se garantice el debido proceso y la presunción de inocencia en el caso de Jesús Santrich. Que su caso sea llevado por la JEP y por consiguiente que se le otorgue la libertad inmediata para garantizar su integridad física y de salud debido a la huelga de hambre desde el 9 de abril, día de su detención. Nos solidarizamos con la decisión política que ha tomado y hacemos responsable al Estado colombiano de las consecuencias de esta huelga por acción y omisión en su injusta e ilegal detención.
  3. Que a los más de 600 prisioneros y prisioneras políticas que aún están en las cárceles colombianas y que fueron acogidos por los Acuerdos de Paz se les haga efectiva la amnistía y el indulto otorgado a través de la Ley 1820/2016 y el Decreto 277/2017 según corresponda.
  4. Que no se viole la soberanía jurídica del país entregándole la función de administración de justicia a otro Estado. Rechazamos la extradición por ser una subordinación política a los Estados Unidos.
  5. Que se garantice la seguridad de los militantes del partido FARC y de los líderes y lideresas sociales que exponen día a día sus vidas por la defensa de los derechos de las comunidades.

Remitir con copia a:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Cauca Bogotá

Fax. 5662071

Fax: (+57 1) 566.20.71

E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co

ÓSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO

Vicepresidente de la República

Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

LUIS CARLOS VILLEGAS

Ministro de la Defensa

Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.

siden@mindefensa.gov.coinfprotocol@mindefensa.gov.comdn@cable.net.co

GUILLERMO RIVERA.

Ministro del Interior

Carrera 9a. No. 14-10 – Bogotá, D.C.

e-mail: ministro@minjusticia.gov.co

PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

ENRIQUE GIL BOTERO

Ministro de Justicia y del Derecho

NESTOR HUMBERTO MARTINEZ

Fiscal General de la Nación

Diagonal 22B No. 52-01 – Bogotá, D.C.

Teléfonos: 570 20 00 – 414 90 00

contacto@fiscalia.gov.codenuncie@fiscalia.gov.co

CARLOS ALFONSO NEGRET

Defensor del Pueblo

Calle 55 # 10-32, Bogotá

Fax: (+571) 640.04.91

E-mail: secretaria_privada@hotmail.comagenda@agenda.gov.co,

defensoria@defensoria.org.co

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ

Procurador General de la Nación

Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.

anticorrupció n@presidencia.gov.coreygon@procuraduría.gov.co

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE

NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101

Edificio TeleportBussines Park – Bogotá, Colombia

Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637

E-mail: oacnudh@hchr.org.co

 

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