No permitamos un nuevo genocidio político en Colombia.

Como organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos en Argentina hemos permanecido al tanto del proceso de diálogos entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP en los últimos cuatro años, y vivimos con alegría y esperanza para la paz de nuestro continente, en primer momento la firma del acuerdo final que se dio en La Habana, y luego en Cartagena de Indias, sin embargo, vivimos con sorpresa y profunda preocupación los resultados del plebiscito del 2 de octubre que dio como victoriosa la opción No, siendo partícipes y conociendo de primera mano, posteriormente, el fuerte trabajo que las organizaciones colombianas han realizado para superar ese duro golpe y seguir construyendo desde las calles y los campos la Paz con Justicia Social.

Adicional a ello hemos sido bastante enfáticos en reconocer a las partes sus incontables esfuerzos por llevar este proceso a un feliz término: A las FARC-EP por no claudicar en su objetivo de la solución política del conflicto, y al gobierno de Juan Manuel Santos por persistir en la búsqueda de alternativas y entender que este proceso no puede tener reversa.

Sin embargo, vemos con gran preocupación la grave situación de derechos humanos que atraviesa el pueblo colombiano y sus organizaciones sociales particularmente en lo que va corrido de este año, en que la cifra de líderes y lideresas sociales asesinados ascienden a más de 200 víctimas mortales, teniendo en cuenta que dichos asesinatos han sido realizados de manera sistemática, en regiones particulares del país donde se adelantan procesos organizativos del escenario político y social, y sucedieron posterior a diferentes amenazas y hotigamientos por parte de la Fuerza Pública y las estructuras paramilitares. Los crímenes ocurridos durante los últimos días donde en 48 horas fueron asesinados 5 líderes sociales y otros 2 sufrieron atentados deben ser repudiados por la comunidad internacional y tratados con el debido rigor jurídico y político en el marco de un país que atraviesa un proceso de paz y reconciliación.

Llama la atención particularmente el ensañamiento contra el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, con quienes hemos desarrollado relaciones políticas y de articulación hace varios años, teniendo la oportunidad de conocer su compromiso por la paz no sólo de Colombia, sino de toda la región. En sus cuatro años de existencia como Movimiento han sido asesinados más de 125 líderes y lideresas en diferentes regiones del país, y más de 320 militantes encarcelados a través de montajes judiciales.

Desde Argentina hacemos un llamado para que en Colombia no vuelva a repetirse un genocidio político como el que sufrió en décadas pasadas con el exterminio de otras expresiones políticas populares y de izquierda, y para ello consideramos imperativo que el Estado colombiano brinde todas las garantías de seguridad a las organizaciones y movimientos politicos y sociales a través de la implementación inmediata del Nuevo Acuerdo firmado el pasado 12 de Noviembre y sus definiciones en materia de seguridad y protección a los y las militantes sociales, además de llevar adelante acciones concretas en materia de reconocimiento y compromiso efectivo en el desmonte de las diferentes estrcuturas paramilitares que hacen presencia en 28 de los 32 departamentos del país, perpetrando estos asesinatos selectivos y alejando la posibilidad de consolidar una paz estable y duradera.

Por lo anterior instamos en primera medida al gobierno colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos, a llevar adelante las acciones necesarias para preservar los derechos fundamentales de la vida, la libertad, la integridad fisica y psicológica, la libre expresión y la participación política de todas las organizaciones y movimientos políticos y sociales, adicional a ello hacemos un llamado a la comunidad internacional a realizar un mayor acompañamiento riguroso a estos procesos populares que se encuentran en alto riesgo, para no permitir que en nuestro continente vuelva a adelantarse otro genocidio político.

firman organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, populares, etc.