A diez años de gobierno macrista en la Ciudad y a 19 meses a nivel Nacional, los indicadores de la problemática habitacional lejos están de haber mejorado, sino que podemos sostener que se han agravado. No solo porque no se aplican políticas públicas destinadas a los sectores más postergados de la Ciudad, sino que a ello se sumaron otros factores relacionados a la implementación del feroz ajuste económico que sufre nuestro pueblo: con la irracional suba de las tarifas de servicios, de los alimentos, de los alquileres, del aumento de la desocupación, precarización laboral, de la desvalorización de nuestros salarios, entre otros. Cada año un promedio de 5000 familias son desalojadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría de ellas son expulsadas de la Ciudad que eligieron, no por capricho sino por necesidad. Como consecuencia de este proceso, todas ven deterioradas sus condiciones de hábitat y muchas quedan en situación de calle, profundizando los procesos de exclusión social.
El Jefe de gobierno de la Ciudad, HORACIO RODRIGUEZ LARRETA, a través del Presidente del Instituto de Vivienda, JUAN IGNACIO MAQUIEYRA, niegan sistemáticamente las respuestas que necesitamos, los que sufrimos la aguda emergencia habitacional que castiga a la Ciudad.
En el 2016 logramos mediante la lucha y la movilización que se generara una mesa de trabajo entre las autoridades de ese Instituto y las Asambleas Populares por el Derecho a la Vivienda que representan, entre otras cosas, a las familias en emergencia habitacional y o desalojo inminente. En esa mesa se planteó claramente la gravedad del problema y se propusieron diferentes alternativas para salvaguardar el derecho a la ciudad de las familias. Sin embargo no sólo no se avanzó en implementar soluciones sino que actualmente la mesa está congelada.
También hemos solicitado en reiteradas oportunidades una audiencia con el actual Presidente del IVC y aún no tenemos respuesta. MIENTRAS QUE, DECENAS DE FAMILIAS VINCULADAS A ESTE ESPACIO DE ORGANIZACIONES, FUERON DESALOJADAS O SE ENCUENTRAN EN INMINENTE DESALOJO sin soluciones concretas por parte del estado. El programa de vivienda definitiva establecido por ley 341 que otorga créditos blandos y a largo plazo, tiene una vez más el presupuesto agotado, antes de mitad de año. A pesar de que para el 2017 tenía asignados $ 399.900.000..
Nosotros decimos que, el Estado, a través de sus organismos competentes deben abordar estas acuciantes problemáticas, que permitan trabajar alternativas de solución habitacional definitiva para evitar que nuestro destino sea la calle, que no es un lugar para vivir.
El desalojo es una trágica forma de desarraigo. Una medida violenta e invisibilizada, que tiene gran impacto sobre los sectores más humildes de la población en esta ciudad. Ese impacto se manifiesta en una ruptura del entramado social, económico y familiar con el entorno al que pertenecían, los habitantes afectados a desalojos y/o desplazamientos. De ese modo estos procesos, además de dejarlos sin vivienda, generan la desarticulación del núcleo familiar (el reparto de sus integrantes entre amigos, parientes y allí donde se consiga algún lugar); la pérdida y/o alejamiento de su fuente de trabajo; la afectación al derecho a la educación (debido a los graves problemas que surgen para que los niños, niñas y adolescentes permanezcan escolarizados); y problemas de acceso al derecho a la salud (al desvincularse de los hospitales y centros de salud de sus barrios, donde se atendían habitualmente).
Si contabilizamos unas 20.000 personas lanzadas de sus viviendas anualmente, en el último lustro 100.000 seres humanos han vivido la dolorosa experiencia del desalojo en esta ciudad. Una buena parte de los mismos, han sido expulsados hacia otras localidades. Lo que constituye un fenómeno de desplazamiento masivo de población humilde hacia provincias y de degradación de las condiciones en que viven, los que logran resistir la expulsión. Así año a año crecen las villas y los asentamientos en forma exponencial.
Sin embargo la ciudad está lejos de colapsar bajo una amenazante ola de migrantes de lejanas provincias y sobre todo de países limítrofes, como argumenta el macrismo. Por el contrario tiene hoy una población ligeramente inferior a la de hace 40 años. En este contexto, en las últimas décadas desde el sector privado ha aumentado considerablemente la construcción, pero sus destinatarios son casi exclusivamente los sectores medios altos y altos.
Simultáneamente en la metrópoli, según el último censo, 340.000 unidades están vacías y cerradas. En Puerto Madero la cantidad de viviendas desocupadas es cercana al 70 % del total. Como consecuencia de la falta de regulación estatal en el mercado inmobiliario y en medio de una burbuja especulativa, los precios de los inmuebles se han incrementado en forma notable en los últimos años. Incluso superando largamente el incremento de precios de cualquier otro bien o servicio. Así la “inversión en ladrillo” se ha transformado, probablemente en el más rentable de los negocios del mercado, atrayendo una importante cantidad de capitales para ese tipo de inversión..
Este fenómeno se traduce en un verdadero Boom inmobiliario, no sólo en la ciudad sino en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de los grandes centros urbanos del país, que lentamente van copiando esta lógica. El suelo urbano se transforma así, en un instrumento de especulación al que muy pocos tienen acceso. Las mejores parcelas, las que están cerca del centro, las que están en zonas con todos los servicios e infraestructura, en el conurbano las que se encuentran a la vera de las autopistas o medios de trasporte y desplazamiento adecuados, son ganadas indefectiblemente para el llamado real estate ((desarrollos financieros inmobiliarios que buscan la máxima rentabilidad) y a los trabajadores y sectores más postergados, nos quedan los márgenes de las urbes, las zonas más alejadas, o inundables.
En la ciudad, la Agencia de Bienes del Estado, la Corporación Puerto Madero, Corporación Sur y las leyes de los distritos especiales, sobre todo en la zona sur de la ciudad aprobadas en los últimos años, más la propuesta de reforma del Código de Planeamiento Urbano constituyen un conjunto de normas que el Macrismo va logrando imponer en la CABA y que acompañan desde el estado y las leyes, la lógica especulativa y expulsiva del mercado. Formalizando el claro impulso gubernamental al real estate, constituyendo un modelo de ciudad elitista y expulsivo tanto conceptual como prácticamente, modelo que repudiamos y al que le oponemos otro, solidario e inclusivo.
A raíz de la ejecución, tanto desde el ámbito privado como desde el público, de los lineamientos de modelo de desarrollo urbano descripto, en la Ciudad de Buenos Aires se genera una verdadera guerra por los espacios físicos disponibles, una de cuyas consecuencias es la ola de desalojos y expulsiones de los pobres de la urbe. Así como la construcción de una “legitimación” cultural para llevar adelante estas políticas, a través de la estigmatización y criminalización de las personas y familias humildes, pobladores de los inmuebles afectados a un proceso de desalojo judicial o administrativo, como así también hacia los habitantes de las villas y asentamientos, que provocan el agravamiento de la violencia en el territorio. (institucional, policial y hasta para- estatal). A través del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Macri y Bullrich, con la intervención en los barrios del Cuerpo de Prevención Barrial de la P.F.A y de la Gendarmería Nacional y en diversos operativos, se criminaliza a las poblaciones previamente vulneradas en sus derechos económicos y sociales, entre ellos el de la vivienda, el acceso a servicios públicos y a una real integración urbana.
En un mercado con condiciones cada vez más exigentes, la población de bajos recursos se ve condenada a un circuito informal que nadie controla. El Estado está ausente., en los supuestos hoteles, inquilinatos, alquileres de cuartos en villas y asentamientos generándose situaciones conflictivas. Así, se configuran en esos territorios “lugares de excepción”, donde el derecho parecería no regir plenamente, salvo en su expresión violenta, cuando un Juez ordena la ejecución de un desalojo o cuando se aplica el derecho penal para criminalizar a parte de sus pobladores, acusándolos falazmente como usurpadores. Esto se expresa también en la persecución a los jóvenes.
Esta es la contracara de aquel desarrollo de grandes emprendimientos lujosos, como ejemplo paradigmático: a pocas cuadras del barrio más caro de la ciudad donde el metro cuadrado asciende a 7000 dólares, los vecinos de la villa 31 se hacinan sin remedio en barrios que no dejan de crecer y de recibir desplazados del resto de la ciudad.
Como consecuencia del desarrollo de este modelo urbano de ciudad, se produce una movilidad social descendente que se expresa en un retroceso permanente de amplios sectores de la población, que pasan del departamento que ya no pueden sostener su alquiler, al hotel o inquilinato y de este a la villa o asentamiento, mientras los emprendimientos de lujo, vacíos de habitantes, quedan sacralizados como fantasmales testigos de una ciudad fracturada.
Ante todo esto es necesario poner en discusión y hacer visible estos problemas vinculados al Derecho al Acceso a la Vivienda digna y a un Hábitat adecuado , y contra los desalojos y expulsiones. Resulta necesario, tener presente que la vivienda no debe ser considerada como valor de cambio o mercancía, sino, que desde este espacio de organizaciones sociales y políticas reafirmamos que es un derecho fundamental para que toda persona pueda concretar una vida digna. El Estado tiene el deber ineludible de respetarlo y garantizarlo ya que, se encuentra reconocido por nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito local, nacional e internacional. Se encuentra establecido en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art. 31; en la Constitución Nacional art. 14 bis, art 75 inc. 22 que incorpora los Tratados Internacionales, de Derechos Humanos, entre ellos. la Declaración Universal de Derechos Humanos, art 25; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artí. 5 inc. iii); la Convención sobre los Derechos del Niño ,art. 27 inc. 3, entre otros instrumentos normativos.
Por ello, para efectivizar este derecho, resulta imprescindible que tanto el Estado Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten medidas de fondo. Éstas deben implicar la ejecución de políticas públicas de regulación del mercado de tierras e inmuebles. También se deben considerar otras medidas destinadas a dar respuestas dignas y suficientes, para la emergencia y en articulación con políticas que impliquen dar respuestas de soluciones progresivas, sustentables pero de carácter definitivo al déficit habitacional.
Medidas para la Emergencia Habitacional no significa dádivas ni limosnas, ni iniciativas de tan corto plazo que son imposibles de articular con otras con un sentido más estratégico. Decimos esto porque así entiende la emergencia la Administración actual de la ciudad, a cargo de Horacio Larreta. En materia de políticas sociales no solo se privilegia lo inmediato por sobre las soluciones de fondo, además se tiene una concepción de lo urgente absolutamente elemental y fracturada de cualquier perspectiva a más largo plazo, que no sea simplemente la expulsión de los pobres de la ciudad vía mercado inmobiliario.
Este es un modelo de Ciudad, excluyente y expulsivo, donde cosmopolita se vuelve sinónimo de elitista. Una ciudad pensada desde la lógica de Puerto Madero, desde la especulación inmobiliaria, Pensada y construida como un espacio para los negocios, para el turismo, para que se asienten las cabeceras de las multinacionales y no para integrar a los distintos sectores de la población armoniosamente en su territorio.
Frente a esto los sectores populares hasta ahora nos hemos demostrado desarticulados y sin capacidad de proponer una alternativa a este modelo de Ciudad. Sin embargo esa alternativa es absolutamente factible y desde las Asambleas Populares por el Derecho a la Vivienda estamos decididos a impulsarla.
La idea de una ciudad moderna, con un movimiento cultural que la pone en los primeros sitios del mundo, abierta, que recibe miles y miles de turistas al año, no debe estar reñida con la construcción de una ciudad más igualitaria, solidaria y con capacidad de contener a su población más humilde. Es posible una Ciudad para todas y todos y en su construcción, desde la lucha y la participación organizada, estamos empeñados.
Declaración de la emergencia habitacional ya. Suspensión de los desalojos
Por un subsidio para sostener la vivienda única y familiar (no se debe esperar a la situación de calle). Profunda reforma del decreto N°690 y ccs
Por la plena vigencia de la ley N° 341. (Apertura y funcionamiento real de esta norma. Cumplimiento de sus 3 etapas. Que se vuelvan a comprar terrenos)
Reapertura de la mesa de trabajo sobre desalojos en el I.V.C.
Por la reurbanización de villas y asentamientos.
Aumento del presupuesto para vivienda en la ciudad y la nación
Mayor carga impositiva a los inmuebles y viviendas ociosos.
Plan de construcción de viviendas del gobierno de la C.A.B.A. para sectores de escasos recursos y medios bajos.
Basta de reducción del presupuesto Social, trabajo y alimentación digna para todas y todos, sostenimiento de la ayuda alimentaria y apertura de todos los comedores que sea necesario en los barrios.
Basta de criminalización de la pobreza!! Cese de la represión a las personas con problemas de vivienda!!
Asambleas Populares por el Derecho a la Vivienda
Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA); Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Cooperativas de Vivienda: Papa Francisco, Butteler, Moreno, CIBA, Cevallos, Las Soñadoras de Gardel, de Encargados de Edificios y Afines, CAS; Hoteles Inquilinatos e inmuebles en Desalojo; Familias en Lucha Hoteladas por la SENAF; Madres Organizadas por una Vida Mejor-Barrio Fraga; Merendero sector 1 La Carbonilla; Vecinos del Barrio María Auxiliadora; Barrio La Unión Avellaneda; Proyecto Popular;
Miércoles 12/07 Nos concentramos en Florida y Av. De Mayo
Vamos a la catedral a entregar un documento para el arzobispo, la Pastoral Social y una Carta para el Papa (explicando la dramática situación de emergencia habitacional en la Ciudad)
Marchamos a Legislatura donde haremos una Radio Abierta
Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos 