Si de tradiciones navideñas argentinas se trata, hay una que es de muy larga data. La mayoría de los gobiernos, civiles o militares, han tenido para las fiestas de fin de año a personas privadas de su libertad por razones políticas. Por ello, desde hace mucho pero mucho tiempo que el movimiento popular construyó una consigna contundente: Navidad sin presos políticos. La Navidad de 2016 contó con la tradicional Campaña por una Navidad sin presos Políticos, desde enero estaba presa Milagro Sala, luego se irían sumando más y más hasta llegar a una cifra estable de unos treinta presos políticos permanentes bajo el gobierno de Macri.
Por entonces no había muchas dudas en el tradicional movimiento de derechos humanos argentino y en las grandes organizaciones sindicales y populares: hay presos políticos y los presos son de Macri. Todas y todos, incluidos los apresados por Morales y “su” grotesco Poder Judicial add hoc.
De una manera contundente, como es su estilo aunque muchas veces no coincidamos con lo que propone, Horacio Verbitsky le explicaba a Macri porque los presos eran de él: El Grupo de Trabajo es uno de los órganos de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que la Argentina es signatario. A fines de octubre el Grupo de Trabajo declaró que la detención de Milagro Sala era arbitraria porque violaba el derecho a ser juzgada por un tribunal independiente y solicitó al Estado argentino su libertad inmediata. Luego de un intento inicial de presentar este documento taxativo como una mera opinión cuyo cumplimiento no es obligatorio y diferir la cuestión al gobierno provincial del contador Gerardo Morales (quien pretendió que la decisión fue de la justicia, que es un poder independiente), el gobierno nacional se vio obligado a tomar conciencia de la realidad. Como dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, quienes los firman son los jefes de estado o de gobierno y no las jurisdicciones subnacionales, sus gobernadores provinciales ni sus jueces. Además el propio Grupo sentenció que esos jueces y fiscales “fueron seleccionados [por el gobierno jujeño] e iniciaron funciones para delitos que no se ajustan a los criterios de urgencia o que pudieran haber esperado a que concluyera la feria judicial”. También dice que la responsabilidad internacional sólo corresponde al Poder Ejecutivo Nacional como representante del Estado argentino ante la comunidad de las Naciones. Esa Convención, que desde 1994 tiene además rango constitucional, es decir superior a las leyes y códigos nacionales o provinciales, también dice que los estados tienen la obligación de cumplir de buena fe los compromisos que han asumido, que no pueden “invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”, que es obligatorio en “la totalidad de su territorio”. (diario Pagina 12, febrero 2017, ”, https://www.pagina12.com.ar/3758-navidad-sin-presos-politicos” ¿Hace falta decir que este mismo razonamiento es el que pone en manos del gobierno nacional la responsabilidad de la continuidad del Lawfare y de la persistencia de los presos políticos? ¿Hace falta? Entonces recordemos el artículo dos del Pacto de San José de Costa Rica, considerado el nucleo del sistema internacional de derechos humanos del continente americano: Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Articulo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes, se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
para leer el artículo sobre la persistencia de presos políticos en la Argentina
Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos 