Lourdes Palacios aseguró que más del 95% de los presos políticos en El Salvador son personas ligadas a la izquierda y críticos del actual gobierno. Desde Cofappes piden corregir la situación.
Lourdes Palacios fue diputada por el FMLN y funcionaria del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén. Hoy, desde el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), desmiente las declaraciones del presidente Nayib Bukele respecto a que en El Salvador no hay presos políticos, pues asegura que ellos tienen un registro de 119, entre presos y perseguidos políticos.
Habló además de cómo el actual sistema judicial de El Salvador responde al Ejecutivo y que personas de izquierda y progresistas son los más afectados.
El presidente Bukele ha dicho que no hay presos políticos en El Salvador, ¿qué piensan de ello?
Es una falsedad lo expresado por el señor Bukele, porque en El Salvador sí existen presos políticos. Esta es una práctica que se ha venido realizando desde el año 2021, justo desde cuando él tiene mayoría en la Asamblea Legislativa.
Están los casos del doctor Francisco Hirezi, ex alcalde de Zacatecoluca; del ex concejal Dennis Córdoba, del ex diputado Jaime Valdés, quienes desde el año 2021 están detenidos y con proceso de habeas corpus aprobados desde noviembre de 2023, pero simplemente no los dejan salir. Esa es una decisión política, por lo tanto son presos políticos. Luego está el caso de los veteranos que fueron capturados el año pasado. Nueve personas y los nombres emblemáticos como Atilio Montalvo por su grave condición de salud y también Pepe Melara, es decir, ahí hubo una fabricación de delitos que los ha llevado a la cárcel. La utilización de las instituciones para fabricar esos delitos es una práctica recurrente durante los últimos años.
¿Quién es un preso político acá en El Salvador?
A partir de la conceptualización que ya se define desde la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un preso político es una persona a la cual se le han violado las garantías fundamentales. En este caso, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, de religión, la libertad de expresión, información y también la libertad de reunión a la asociación. Pero también si esa detención ha sido impuesta por razones puramente políticas, sin conexión con ningún delito tipificado, que es lo que ha sucedido con todas las personas que en El Salvador han sido encarceladas y ahora también perseguidas políticamente.
También son medidas desproporcionadas con respecto a lo que se supone podría ser un delito. ¿Por qué se tiene que llevar a la cárcel a una persona si solamente son delitos que pueden ser llevados con medidas sustitutivas? Entonces la medida es desproporcionada. Ese es un preso político.
Aquí en El Salvador el sistema judicial está completamente al servicio de la Presidencia de la República. Desde ahí los procesos ya llevan una arbitrariedad, una carga contra la persona. El ataque es hacia estas personas, principalmente progresistas de izquierda que en El Salvador que ahora no tienen derecho a opinar.
¿Cuántos presos políticos hay de derecha y de izquierda, según sus registros?
Tenemos un registro de 119 personas presas y perseguidas políticas, y solamente siete son de derecha, incluido el señor que falleció (Alejandro Muyshondt) estando en manos del Estado.
En El Salvador las cárceles ahora se han convertido en un sistema mediante el cual una persona entra y no tiene absolutamente ninguna garantía ni derecho a defensa y no se sabe cuándo va a salir. A esta situación se le llama guerra judicial, porque se utiliza a las instituciones, al sistema judicial, a los medios de comunicación afines a este gobierno para descalificar a este conjunto de personas que representan una forma diferente de pensar y de ver la sociedad.
Del listado de presos políticos que hay en El Salvador, ¿ustedes están seguros como Cofappes que no son culpables de los delitos que los acusa la Fiscalía?
Sí. Cuando se ha ido conociendo caso por caso y con base en la información que los abogados pueden compartir, se van identificando esas debilidades en el proceso judicial. Por ejemplo, no se aceptan pruebas y cuando estas determinan la inocencia de una persona se minimizan, se alargan los tiempos de los procesos.
¿Qué piensa del “canje” de presos venezolanos que propuso el presidente Nayib Bukele con los presos políticos del gobierno de Venezuela?
Que alguien de manera arbitraria venga a decir que va a canjear a esas personas, ¿a cuenta de qué? ¿Con qué proceso? ¿Con qué individualización de casos? Es totalmente irresponsable plantear siquiera este tipo de propuestas, porque se les deben de respetar los derechos humanos a las personas, porque todos ellos han sido expuestos a esos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Intentar, entre comillas, negociar como que fueran cualquier cosa, con estas personas, no tiene sentido. Lo que debe de hacer este gobierno es devolver a esas personas a su país.
El fiscal general de Venezuela contestó a Bukele y pidió reporte médico y la situación judicial de estos deportados. Eso es algo muy parecido a lo que ustedes están exigiendo también con los presos políticos en el país. Sin embargo, no han sido tomados en cuenta, ¿cómo ven el panorama?
A estas personas se les ha violado los principios básicos de derechos humanos, que es la igualdad ante la ley y el debido proceso. Eso pasa también con nuestros hermanos salvadoreños y les están queriendo aplicar lo mismo también a estos ciudadanos extranjeros.
Desde cualquier punto de vista no tienen porqué estar allí y por eso es que reitero que esto es un secuestro de esas personas. Aquí lo grave es que también está en medio de todo esto el interés económico del gobierno de El Salvador, que es recibir esos 6 millones de dólares de Estados Unidos. Lo otro, que es cruel, es decir que por un año y además es un año renovable, como que eso fuera un contrato de cosas. Esta situación es un error del gobierno y debe de corregirlo porque están las vidas de esas personas en juego.
Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos 